Frente a los cambios que propone Petro, el sector privado necesita una estrategia menos reactiva.

El próximo martes se cumplen seis meses desde aquella tarde soleada de agosto cuando Gustavo Petro asumió la Presidencia de la República. Desde entonces, los colombianos han observado el devenir de alguien que encarna un rompimiento con el pasado, tanto en el estilo como en la sustancia.

En lo que atañe a la forma de ejercer el primer cargo de la nación, se destaca el énfasis en discursos con alto contenido ideológico y una buena dosis de simbolismo, junto con un evidente desinterés por la gerencia. Aunque en ocasiones la realidad le obliga a poner los pies sobre la tierra, al mandatario le gusta más “tirar línea” que supervisar de cerca a un subalterno, o darle instrucciones precisas a un equipo obligado a interpretar lo dicho por su jefe, ya sea en un acto público o en un trino de Twitter.

Cuando se está en el campo de las ideas o de la dialéctica, todo lo demás es secundario. Ello incluye la puntualidad o el protocolo, que se siguen a regañadientes o a veces simplemente se ignoran. En contraste con los inquilinos previos de la Casa de Nariño, que se esforzaban en cumplir jornadas de 18 horas para que la ciudadanía les reconociera el esfuerzo, el de ahora aparece mucho en las regiones, pero esquiva los reflectores en Bogotá, dando pie a todo tipo de rumores y elucubraciones.

Sin embargo, lo verdaderamente importante es lo que sucede con los asuntos de fondo. Anuncios y decisiones que implican quiebres fundamentales con los esquemas vigentes todavía sorprenden a más de uno. Las reacciones son más notorias por estos días en los cuales el Presidente ratificó que desea hacer las cosas más rápido.

Sus defensores sostienen que el mandatario no ha hecho más que desarrollar las propuestas contenidas en el documento ‘Colombia, potencia mundial de la vida’, suscrito por la fórmula presidencial del Pacto Histórico en marzo de 2022. Desde este punto de vista, se puede estar en contra de los planteamientos de Petro, pero no se le puede acusar de falta de coherencia entre lo que prometió y lo que busca hacer.

Carrera de etapas

De ahí proviene el gran paquete de reformas sociales que está en redacción e incluye salud, pensiones y normas laborales, además de los artículos que se inserten en la ley que acogerá el Plan de Desarrollo. Según ha quedado claro en el caso de la primera, la intención es seguir adelante sin importar las objeciones hechas por el ala moderada del gabinete o las advertencias sobre las dudas que hay en el Congreso respecto a iniciativas como la de acabar con las EPS.

Acudir a la calle, mediante las movilizaciones convocadas el 14 de febrero, es la respuesta de un Presidente activista poco interesado en negociar con sus contradictores. Confiado en la fortaleza que le da la opinión y la capacidad de imponer sus mayorías legislativas, Petro desea seguir adelante con su agenda original, refrendada por mandato popular en los comicios de junio pasado.

Subir la apuesta al tratar de ganar varias batallas que causan controversia —y que van hasta doblegar a la Alcaldía de Bogotá para que el metro de la capital tenga una parte subterránea— es algo que no está exento de riesgos. El principal es que el Pacto Histórico no logre controlar los palacios municipales de las cuatro capitales principales en las elecciones del próximo octubre.

Ese veredicto, o una expresión amplia de descontento popular, puede llegar a alterar el terreno actual. Sin embargo, a menos que los hechos políticos indiquen otra cosa, la intención del Gobierno es no desviarse de la línea trazada.

Ante esa perspectiva, las luces de alerta que desvelan al sector privado brillan con una gran intensidad. Ya sea en reuniones informales, juntas directivas o espacios gremiales, los debates giran en torno a cómo relacionarse con un Ejecutivo que es partidario del capitalismo de Estado e incluso observa con malos ojos el ánimo de lucro y el éxito empresarial.

Las cosas se complican por la debilidad de la oposición. Aparte de unas pocas voces que el público asocia con la derecha, no existen dirigentes que hagan un verdadero contrapeso, ni mucho menos pongan en aprietos a la presente administración. En los medios hay más opiniones discordantes, pero las críticas son rápidamente catalogadas como la expresión de ese mismo establecimiento que se resiste al cambio.

Frente a un mandatario dogmático que a lo largo de una misma semana lanza propuestas de diverso orden, el empresariado se ve relegado a una posición reactiva. Tal como señala el analista Leonardo García, “la analogía es la de un partido de tenis en el cual el Presidente siempre tiene el servicio y por lo tanto parte con ventaja para asegurar un resultado a su favor”.

Los dilemas

Como si lo anterior no fuera suficiente, cualquier reflexión o advertencia respecto al peligro potencial de las iniciativas de carácter oficial pasa a caracterizarse como el respaldo al statu quo. Por lo tanto, aquello que se considere un ataque frontal acaba asociándose a una posición reaccionaria que busca perpetuar la desigualdad y los privilegios de unos pocos, algo que las redes sociales y las conocidas bodegas se encargan de magnificar.

Graduarse como contradictor no está exento de riesgos. Ya han rodado las cabezas de varios líderes de gremios cuyos afiliados consideraron que les iría mejor si no antagonizaban al Ministro de turno. Torear a un Gobierno que es capaz de embestir, lleva a muchos a creer que es mejor refugiarse en el burladero.

No obstante, replegarse tampoco es una buena opción. Aún si la terquedad de los funcionarios es la norma, resulta inevitable controvertir estrategias peligrosas para un sector o para la economía en general. El ejemplo obvio es la intención de no suscribir más contratos de exploración de hidrocarburos, algo que puede llevar al país a perder su autosuficiencia energética y causar traumatismos fiscales o cambiarios, para no hablar de impactos en el empleo y las finanzas regionales.

¿Cómo reaccionar, entonces? Para el presidente de la Andi, Bruce MacMaster, quien estuvo en el ojo del huracán durante la discusión de la reforma tributaria, “esto requiere de mucha estrategia, una balanceada posición de firmeza, flexibilidad y definitivamente convicciones”.

Mantener abiertos los canales de diálogo es clave, aunque no siempre es posible. Dependiendo de la cartera ministerial, unos tienen más éxito que otros al poder hablar con funcionarios de menor nivel. Aun así, en los casos de Salud y Minas, la campana de cristal se ve inexpugnable, con lo cual no queda más remedio que hablar desde afuera.
Quienes saben de estas cosas aconsejan no entrar en modo defensivo sino propositivo, como lo hizo Fedegan al plantear la venta de tierras como una manera de alcanzar el objetivo de redistribuir la propiedad rural. De la noche a la mañana, el gremio que parecía ser el de la línea más dura frente a la administración, consiguió un entendimiento de mucha trascendencia.

Respecto a las reformas que vienen, el desafío del sector privado es responder con textos alternativos que planteen implícitamente una mejor manera de alcanzar las metas sociales que propone el Gobierno. Frente a los planteamientos que parten de la ideología, vale la pena irse por la línea del pragmatismo y moverse en diferentes escenarios, algo que comprende estrategias de comunicación bien pensadas para que la única narrativa que le llegue a la gente no sea la que impulsa la Casa de Nariño.
Tomar la iniciativa pasa por salir de la zona de confort y entender que la mayoría de los colombianos no quieren más de lo mismo, ni que las cosas sigan igual. Pero, así como es importante conectarse con la esperanza del cambio, los empresarios requieren demostrar que son parte de la solución a los retos del país y no del problema.

Ejemplos hay

Al respecto vale la pena destacar una experiencia que debería ser modelo en tantos departamentos y ciudades como sea posible. Se trata de Compromiso Valle, un esfuerzo que venía de antes y se consolidó después del paro nacional de mediados de 2021, y que a finales de 2022 había beneficiado a unas 40.000 personas en situación de vulnerabilidad. En el grupo hay muchos integrantes de la ‘primera línea’ y pandilleros, al igual que pertenecientes al grupo de los llamados ‘ninis’, que ni estudian ni trabajan.
La herramienta, financiada por 170 compañías, fundaciones y programas de cooperación internacional que articula a más de 400 organizaciones, y ha invertido unos 62.000 millones de pesos, comprende seis ejes cuya meta es construir oportunidades. “Estamos cambiando paradigmas, haciendo que muchos jóvenes vulnerables tengan una visión diferente de los empresarios y que estos también se relacionen de manera distinta con las comunidades”, señala María Isabel Ulloa, de Propacífico.

“Había muchos estigmas de un lado y del otro que han desaparecido”, agrega Christine Armitage vinculada a la Fundación Sidoc. Cuenta que a través de un método que empezó a aplicarse a mediados de la década pasada, han acompañado a 4.255 jóvenes en Cali y otros seis municipios vallecaucanos en los últimos 18 meses, de los cuales más de 400 cuentan ya con un empleo formal.

Durante un acto que transcurrió en el parque La Arboleda del distrito caleño de Aguablanca a finales de enero, el propio Gustavo Petro destacó lo hecho. Lejos del tono combativo que usa en ocasiones, agradeció a los empresarios y les dijo que “hacen bien ustedes cuando vienen a estas calles para mostrarle a Colombia que es posible que nos encontremos, la burguesía y el mundo popular. Claro, porque este es nuestro país y podemos construirlo juntos”.